Que las redes sociales han declarado la guerra al porno no es ninguna novedad, ni ningún secreto. Desde la aprobación de la ley SESTA/FOSTA en abril de 2018, los trabajadores sexuales han pasado a ser personas non gratas en multitud de plataformas web. Amparándose en la protección de los menores y la lucha contra la explotación, Facebook, Instagram y más recientemente Tumblr prohíben taxativamente la exposición de desnudos y cualquier contenido de carácter sexual (reservándose para ellos la libertad de determinar qué casos se consideran excepciones). Solo Twitter, de momento, se mantiene al margen de esta cruzada, permitiendo el libre intercambio de contenidos considerados para adultos (siempre que no se muestren en el avatar o cabecera del perfil).
Conscientes de esta situación y de la importancia que supone tener presencia en las redes sociales, los trabajadores sexuales se mueven en un territorio pantanoso ya que necesitan promocionar su trabajo y mantener el contacto con sus seguidores a la par que deben extremar las precauciones para no incumplir ninguna de las normas.
Hace meses que muchos integrantes del sector del entretenimiento para adultos están viendo con impotencia como sus cuentas, principalmente de Instagram, son cerradas sistemáticamente una detrás de otra. Sin una explicación, sin haber quebrantado las reglas. Algunas fuentes apuntan a la posibilidad de que detrás de estos sucesos se encuentre una especie de «liga anti-porno» a nivel internacional, un movimiento que habría empezado en Pakistán y posteriormente se habría extendido por diversos países islámicos, llegando incluso hasta los EEUU. Sus integrantes se organizan en foros, Twitter y páginas de Instagram para ir en manada a denunciar perfiles de actrices y productoras (pocas veces la toman con actores). Sus argumentos son religiosos, machistas o directamente pura fantasía (como, por ejemplo, la creencia de que eyacular es malo para los hombres porque les hace perder testosterona). Alguno incluso llega a jactarse de sus «victorias» restregándoselo por la cara a las víctimas.
Enemigos del porno, militantes de movimientos anti masturbación o simplemente trolls de Internet… Aún siendo una realidad, el verdadero problema no reside ahí sino en la permisividad de quien administra estas plataformas, que consiente la proliferación de discursos basados en el odio y fomenta la segregación de ciertos colectivos. Porque no se trata de que el contenido publicado sea inapropiado sino sencillamente de señalar al propietario de la cuenta como trabajador sexual. En su normativa lo dicen claramente: no se permite la oferta de servicios sexuales. Muerto el perro se acabó la rabia. No les preocupa que aplicar su ley de forma tan desmedida sea discriminatorio y condene a la clandestinidad a todas esas personas que han escogido voluntariamente esta profesión, lo cual paradójicamente favorece lo que pretenden combatir.
Evidentemente esta situación ha creado un gran malestar entre el gremio de trabajadores sexuales y concretamente de los que se dedican al porno, que han reaccionado generando un acalorado debate en Twitter, movilizando a sus seguidores para que reclamen a Instagram la devolución de sus cuentas o bombardeando las tiendas de la app con votos y opiniones negativas. Sin embargo, cuando detrás de estas corporaciones se encuentran intereses gubernamentales, ¿no sería mejor plantearse alternativas como volver a recurrir a las webs personales u otras plataformas porn friendly como PillowFort o Pixelfed?